Sin lugar a duda, el violento conflicto desatado en Espinar y las multitudinarias protestas que dan inicio a un paro indefinido en Cajamarca constituyen un importante punto de inflexión político en el gobierno de Ollanta Humala, es decir, una situación que ha confrontado al gobierno con la urgencia de reorientar su accionar político, lamentablemente por la vía del endurecimiento autoritario. En vez de desarrollar esfuerzos por prevenir y solucionar conflictos que originan protestas que el propio Presidente apoyaba sólo hace unos meses, el gobierno ha optado por la política de la represión y la mano dura llevándose de encuentro buena parte de la institucionalidad democrática a menos de cumplirse un año de haber llegado al poder. Es una coyuntura gravísima la que vivimos es estos momentos y conviene repasar el origen y desarrollo de los conflictos, así como analizar la reacción del gobierno para entender mejor esta afirmación.

Las promesas y los votos

Tema fundamental para entender la indignación y rabia de quienes protestan es pensar de donde proceden éstas. Ahora que el hemisferio norte se llena de indignados y okupas que cuestionan la vigencia del modelo económico internacional y la decadencia de las democracias realmente existentes, nos toca entender qué provoca el mismo sentimiento de rabia e indignación entre tantos ciudadanos peruanos. También porque nuestros indignados tienen muchos más años diciéndolo y reclamando cambios inmediatos.

Observo que la rabia y la indignación proceden de sentirse traicionados. Lo prueban los carteles que se exhiben en las protestas y los videos de gente que lo dice literalmente. Escuchen por favor a esta ciudadana, repito ciudadana, de Espinar (hacer click en el título del video):

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pe4tjoAKnOU

(La intervención del conductor merece su propio análisis que por razones de espacio no se puede hacer aquí. Baste por ahora llamar la atención sobre la forma en que el conductor ignora el reclamo de la ciudadana, así como su angustia por la suerte de sus familiares y más bien ser refiere despreciativamente a las personas allí reunidas como “esa gente”. El tema del manejo mediático del conflicto merece una discusión aparte. Sobre este tema ver el muy buen post de Eduardo González Cueva.

Es desgarrador el reclamo de la señora que en la puerta del hospital espera noticias de algún familiar herido o fallecido mientras recibe los maltratos de la policía que solo el día anterior disparó a algunos a quemarropa y a otros a distancia y a matar. Ella dice:

“Presidente Ollanta, escucha, yo he pedido para que ganes, ¡¿para qué nos haces matar?! Ollanta, somos humanos, no queremos estas peleas, queremos defender, ¿por qué nos hace hacer Ollanta aquí? Yo he pedido para que ganes tú (…) todavía. Aquí en Espinar somos pueblos pacíficos, nada somos ni siquiera. ¡¿Qué cosa somos para que nos maten? ¡Hasta un animal tiene vida! Usted has dicho en tu campaña “te vamos a defender a los pobres de las minas” a los pobres nos vas a defender has dicho, ahora no queremos esa mina, ¡qué se vaya esa mina!”

El reclamo es clarísimo: “yo voté por ti y tú me mentiste, y cuando protesto me tratas peor que a un animal”. Ahí está la queja por dos cosas que fueron fundamentales para el triunfo de Humala en primera y en segunda vuelta: el cambio del modelo de desarrollo (algo bastante más complejo que el cambio de modelo y política económica) y la democratización de relaciones entre Estado y sociedad. Es verdad que la crítica radical al modelo de desarrollo de la Gran Transformación empezó a desdibujarse en la segunda vuelta y se bajó el tono a ese discurso para concentrarse en decir a voz en cuello que la promesa más importante era la del gobierno democrático. Fue así que se consiguió el 22% adicional que se necesitaba para ganar la segunda vuelta, con la promesa de la democracia. Pero no olvidemos que ese 22% se sumó a un sólido 31% que votaba por el cambio del modelo de desarrollo.

Espinar es parte de ese sólido 31% y es por eso que se trata de un reclamo justo en términos políticos, es decir, en términos de reclamarle a quien fue elegido con nuestros votos que haga lo que dijo que haría. En el caso de Espinar (cuyos reclamos en esta protesta merecen entenderse bien y sobre los que volveré más adelante) se trata de ciudadanos que apoyan a Humala desde el 2006 precisamente porque su apuesta era por el cambio de modelo de desarrollo, promesa que ha distinguido siempre a Humala de todos los otros candidatos que enfrentara desde el 2006. Los votos se dieron en función a promesas que el Presidente Humala, siguiendo una triste tradición peruana de por lo menos los últimos 20 años, ha roto sin dar siquiera explicación a la ciudadanía. De ahí la rabia de quienes lo llaman traidor.

Observemos la votación que Humala recibió en la primera y segunda vueltas presidenciales en el 2011 para comprobarlo (hacer click en la imagen para verla más grande):

Humala gana de lejos en primera vuelta con el 61.775% de los votos válidos y con el 76.116% en segunda vuelta. Tres cuartas partes de la provincia. Eso se llama apoyo masivo. Veamos ahora la votación de Espinar en el 2006:

Humala gana la primera vuelta con el 60.483% de votos válidos y la segunda vuelta con el 75.44% de votos válidos. Exactamente los mismos resultados que en el 2006. Así se entiende mejor el porqué de la indignación y la rabia en Espinar.

Por supuesto, para entender a cabalidad lo que está pasando en Espinar (que es distinto a lo que está pasando en Cajamarca y con la protesta en contra del proyecto minero Conga) es necesario comprender las demandas de quienes protestan.

Las causas de la protesta

La conflictividad en Espinar por el proyecto Tintaya no es nueva, se remonta a los años 90 y tiene un patrón que el sociólogo Francisco Durand describió muy bien en el artículo “Tintaya y su gobierno minero” publicado en la revista Quehacer el 2009:

Vale la pena leer el artículo completo para ver que muchas de las demandas que hoy se levantan no son novedad. Aquí podemos resumirlas brevemente en las siguientes:

-       Denuncia de incumplimiento del convenio marco en varios aspectos entre los cuales se menciona: la oferta de alcanzar un 70% de empleabilidad de mano de obra no calificada para ciudadanos de la zona, la realización de monitoreos medioambientales sin adecuada representación de la sociedad de Espinar, y la excesiva injerencia en la administración de los fondos que la empresa dona para contribuir al desarrollo de Espinar desde la Fundación Tintaya, a través de la cual se privilegia a quienes no se quejan de los daños medioambientales.

-       Denuncia de contaminación ambiental sustentada en tres informes de distinto origen (uno de ellos del MINSA) que indican que hay fundadas razones para preocuparse por el tema dados los efectos en personas, animales, agua y tierra en la zona de influencia del proyecto minero Tintaya. Los informes no son concluyentes pero explican la angustia y preocupación de la ciudadanía en Espinar. El siguiente video muestra la gravedad de la contaminación ambiental y la afectación que se sufre en Espinar:

http://www.youtube.com/watch?v=LqRlp1jJuP8

El propio gerente general general de Xstrata reconoció que los residuos de la actividad minera superaban los límites permisibles y que tenían cinco años para adecuarse. En la nota periodística de El Comercio un funcionario del MINEM Cusco dijo que la empresa no entregaba a las autoridades los informes de las evaluaciones que dice hacer.

denuncia contra Xstrata en periódico

A estos temas se suma el hecho de que se va a desarrollar un segundo proyecto (Antapaccay) de mayor envergadura y que desde el 2009 la ciudadanía de Espinar viene reclamando a la empresa la renegociación del Convenio Marco sin obtener respuesta. Ver al respecto la demanda de acción de amparo que interponen ciudadanos de Tintaya contra la empresa Xstrata y el Ministerio de Energía y Minas en abril de este año.

Finalmente, hay que añadir que hay un reiterado fastidio por el silencio de la empresa frente a las quejas de la ciudadanía de Espinar y por que la policía funge de seguridad privada de la misma, siendo habitual el maltrato a quienes se quejan.

No se trata aquí de establecer la veracidad de estas demandas sino su pertinencia y el derecho que asiste al pueblo de Espinar de levantar la voz para exigir que sean tomadas en cuenta por la empresa y las autoridades competentes del gobierno central cuya lentitud para pronunciarse y resolver sobre estos temas es pasmosa. Es el hartazgo y la convicción, reforzada por la inacción de la empresa y el Estado, de que sólo la protesta consigue resultados lo que explica el inicio de la protesta en Espinar. Veamos ahora el desarrollo del conflicto en la fase que ha recibido atención mediática y la respuesta del gobierno de Humala.

El manejo gubernamental de los conflictos

El Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) que agrupa autoridades y organizaciones sociales de Espinar organizó la protesta contra la empresa para presionar por la firma de un nuevo convenio marco y el reconocimiento de responsabilidades en la contaminación ambiental y afectación de la ciudadanía. El conflicto se volvió violento cuando los manifestantes incendiaron el local de la Fundación Tintaya y la policía reprimió violentamente a los ciudadanos disparando contra varios de ellos causando numerosos heridos y al menos dos muertos. La violencia de la represión policial, disparando desde lejos y a matar, se ve en este video:

En represalia por los asesinatos los manifestantes secuestraron por algunas horas al fiscal e incendiaron su auto. El fiscal fue liberado horas después gracias a la intervención de miembros de la Vicaría de Sicuani que sorprendentemente fueron luego detenidos arbitrariamente por la policía, que los maltrató y retuvo ilegalmente en las instalaciones del campamento Tintaya Marquirí de la empresa Xstrata e incluso intentó “sembrar” evidencia en su contra.

Sin responder por las muertes causadas por la policía, el gobierno decretó el Estado de Emergencia en Espinar. De ahí en adelante tenemos una secuencia de arbitrariedades cometidas por el gobierno al amparo del estado de excepción tales como la detención de personas sin respeto al debido proceso, el hostigamiento permanente y hasta siembra de pruebas en contra de defensores de los DDHH, la persecución de líderes y autoridades sin el mínimo respeto a su investidura, la violación de la autonomía de los gobiernos locales y la verticalización de las relaciones entre poder central y poderes descentralizados, entre otros. La detención ilegal y a todas luces arbitraria del alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, en pleno ejercicio de sus funciones, es aberrante, como lo es también su traslado a la ciudad de Ica y las limitaciones que se le imponen a su derecho a la defensa. Ver al respecto el comunicado del Concejo Provincial de Espinar aquí.

El gobierno ha demostrado tanto en el manejo del conflicto por Conga en Cajamarca como ahora con el manejo del conflicto en Espinar que no tiene capacidad de gestión democrática pues sus acciones se centran en la aplicación de estrategias de violenta represión policial contra ciudadanos y ciudadanas que, paradójicamente, hicieron posible la llegada al poder del hoy Presidente. En la práctica, el gobierno abdica de su responsabilidad de gobernar en democracia al utilizar la figura excepcional del estado de emergencia en ambas zonas, restringiendo los derechos de la ciudadanía y suspendiendo la autoridad de quienes fueron democráticamente elegidos para gobernar en espacios locales y regionales. Las repetidas violaciones de derechos y al debido proceso nos muestran a un gobierno que ya transita por la vía del autoritarismo, amparado en legislación que criminaliza la protesta ciudadana cuyo origen se puede rastrear hasta el gobierno de Alberto Fujimori (DL  892 que sindica como terroristas a quienes protestan y garantiza la inimputabilidad de militares y policías por los asesinatos que pudieran cometer "en el ejercicio de sus funciones") y que fuera reforzada durante el gobierno de Alan García (DL 1095, que permite a las FFAA ejercer los poderes del Estado en ciertas situaciones que  incluyen las protestas sociales y el uso de la violencia armada en contra de los manifestantes). Pero el gobierno de Humala va más allá de esta legislación anti-democrática al desconocer el derecho a la discrepancia y al desacuerdo que toda democracia supone y asumir que puede silenciar las voces que se alzan con el recurso a la fuerza. No se puede gobernar por la vía de la suspensión y violación de derechos civiles y políticos. Hacerlos constituye una abdicación de los poderes civiles y democráticos y una declaración implícita  de la incapacidad de gobernar y respetar el Estado de Derecho.

Lo que se viene

Aunque hoy una tensa calma ha vuelto a Espinar, es innegable que estamos ante una coyuntura muy compleja para el país. En Cajamarca el paro indefinido se inició con un multitudinario mitin.

Al que el gobierno respondió con más represión y arbitrariedad, como se ve claramente en este video en el que la policía ataca violentamente a ciudadanos que no tienen ninguna capacidad de defensa y que no los estaban agrediendo.

Brutalidad policial en Cajamarca

Aunque el Presidente prefiera ignorarlo, no podemos olvidar en que la misma zona de Cajamarca estuvo él hace solo unos meses diciendo que la causa de la protesta por el agua era justa y comprometiéndose a apoyarla.

Es indudable entonces que hay indignación legítima y que a pesar (o con la ayuda) de la represión va extendiéndose el sentimiento conforme el gobierno se vuelve más y más autoritario. Y vamos observando ya importantes niveles de polarización en nuestra sociedad y una clara opción por el autoritarismo en el gobierno. No hay que menospreciar la capacidad de reacción de la ciudadanía descontenta, ni la fuerza de la indignación y la rabia que genera la sensación de haber sido traicionados. El gobierno de Humala tiene la obligación de respetar la institucionalidad democrática y rendir cuentas por las promesas incumplidas y por los abusos y arbitrariedades de los que somos testigos en esta sangrienta semana.