no le saca la vuelta a la ley

Foto tomada del muro de alejandra ballón. rousse garcía.

Los límites de nuestra comunidad política

“Las comunidades políticas democráticas se constituyen a través de exclusiones, las que vuelven a hostigar a las comunidades predicadas sobre su ausencia. Estos hostigamientos se vuelven políticamente efectivos en tanto que el retorno de los excluidos fuerza una expansión y rearticulación de las premisas básicas de la propia democracia.”

Judith Butler

Publicado: 2014-02-01

Así explica Judith Butler la teoría de la hegemonía desarrollada por Laclau y Mouffe en Hegemonía y Estrategia Socialista (1985). Me gusta mucho la lectura de Butler porque advierte con claridad que hay también una acción colectiva excluyente que es parte de la propia democracia. Y que la democracia es dinámica y abierta a reinterpretación, de tal manera que sus límites, sus bordes, están también sujetos a cambio y reinterpretación. De acuerdo a Butler (y también a Laclau-Mouffe) esa es precisamente la gran promesa de la democracia, la que genera expectativa y articulación: la creencia en que el cambio es posible. Podemos re-significar el concepto de igualdad y redibujar los límites de nuestra comunidad política y ensancharlos para incluir -por ejemplo- a la comunidad LGBTI peruana que demanda con inédita fuerza en el último año el reconocimiento de derechos fundamentales, o también para incluir a sujetos colectivos como son los pueblos indígenas amazónicos y las comunidades de costa y sierra que hace años cuestionan la política extractivista del país que atenta contra sus vidas.

Ser parte de la comunidad política es estar dentro y ser reconocidas y reconocidos como iguales en derechos a pesar de las diferencias. Tener voz para ser escuchados y voto pata decidir, sobre todo respecto de acciones que les afectan directamente. Tener el derecho de cuestionar e impugnar decisiones que se consideran injustas, tener derecho al respeto de los demás, especialmente del Estado que asume la representación de los miembros de la comunidad política. Tener derecho a la solidaridad de la comunidad política a la que se pertenece.

En esta semana en que la atención de la clase política y los medios se ha centrado en la resolución del tribunal de La Haya sobre el límite marítimo con Chile resulta que se han dibujado con claridad los límites de nuestra comunidad política. A través de algunas acciones del Ejecutivo, el Poder Judicial y las élites limeñas hemos podido ver en qué consisten y cómo se imponen los límites de la comunidad política en nuestra sociedad. Y también hemos podido ver como se cuestiona y denuncian como anti-democráticos estos límites. También vemos que muchos que están fuera o en los bordes de los límites que definen a la comunidad política reclaman por la exclusión, actúan sobre la comunidad política reclamando una rearticulación de las premisas básicas de la democracia, como dice Butler.

En esta semana hemos podido ver que el Ejecutivo, que le está dando silenciosa pero eficiente continuidad a la política del perro del hortelano, ha decidido en contra de sus propias Leyes y de los tratados internacionales que ha ratificado hace años, aprobar la expansión del proyecto exploratorio del Lote 88 en la reserva Kugapakori, donde sabemos que habitan los Nahua y los Nanti, pueblos en situación de contacto inicial y aislamiento voluntario, respectivamente, que ya han sido afectados gravemente por la acción de los proyectos extractivos. Pueden revisar al respecto un post mío sobre las acciones de los Nahua para hacerse escuchar durante este gobierno y también un artículo de Makena Ulfe, quien señala muy bien en qué términos se produce la exclusión de los Pueblos Indígenas esta semana. También pueden leer una nota sobre este tema en el New York Times, ahí también se dan cuenta del límite excluyente que se impone a los Pueblos Indígenas del Perú. Aquí el límite está claro: los Nahua y los Nanti no son “ciudadanos de primera clase”, como infamemente dijera de los Awajún Alan García en los días posteriores a la masacre de Bagua. Los Nahua y los Nanti están fuera de la comunidad política.

El Poder Judicial por su parte ha decidido archivar el caso de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori. Más de 200,000 mujeres y varones afectados e indicios importantes de haber sido una política de Estado que reclamaba cuotas de personas esterilizadas a médicos y enfermeras, no son suficientes para que se haga justicia. Sus derechos a la vida y la salud no cuentan, no importan. ¿Quizás porque son mujeres y hombres campesinos y campesinas, miembros de comunidades andinas y zonas rurales pobres? Kimberly Theidon, antropóloga de Harvard lo explica bien en un post reciente sobre el tema, señalando además que las responsabilidades por los crímenes cometidos contra ciudadanos y ciudadanas peruanas por su propio Estado contó con la anuencia de diversas organizaciones y personas: “La complicidad dentro del Perú fue extensa y alcanzó los niveles más altos del Ministerio de Salud y del gobierno. Pero la complicidad en esta violación masiva de derechos reproductivos no se detiene con los límites geopolíticos del estado peruano. USAID fue una fuente importante de apoyo financiero, y la investigación de esta forma extendida de violencia sexual debe incluir a este actor internacional ”. 

Felizmente sí ha habido una reacción de indignación en algunos sectores de la sociedad que demandan justicia a través de acciones de incidencia pública como la de la “alfombra roja” (ver foto de este post), la recolección de firmas y la presentación de un recurso de queja para protestar por esta injusticia y desprecio explícito del sistema de justicia peruano respecto de peruanas y peruanos excluidos, expulsados, de la ciudadanía plena.

Un tercer caso que visibiliza los límites excluyentes de nuestra comunidad política es el caso de la apropiación ilegal de playas en Lima. El caso de Naplo y la denuncia pública –seguida de una acción de incidencia sobre la que puede leerse aquí- ilustran bien cómo la segregación se asienta en el racismo y en la creencia de que el hecho de tener más dinero otorga más derechos. Esta creencia, por lo visto alcanza a nuestras autoridades. 

He ahí la necesidad de la democracia “radical” de la que habla Butler. Nuestra democracia necesita cambios de raíz, necesita recomponer sus fundamentos, sus relaciones y sus límites, y necesita atacar sus afanes plutocráticos y su racismo persistente. En semanas como esta se ven con terrible nitidez los estrechos límites de nuestra comunidad política y se revela el carácter diferencial del concepto de ciudadanía en nuestro país. La discusión sobre los límites marítimos ha oscurecido completamente lo que debiera ser un debate fundamental: el de los límites cada vez mas rígidos y excluyentes de nuestra comunidad política.

Ahora que se nos vienen los tiempos electorales y electoreros estos debieran ser temas fundamentales en la agenda ciudadana: la vigencia y continuidad de la política del perro del hortelano, el reconocimiento y respeto del derecho fundamental a la vida y a la salud de las mujeres y hombres afectado por la brutal política de esterilización forzada del Estado durante el gobierno de Fujimori, o la vigencia y permisividad del Estado frente al racismo que conlleva a la apropiación de la propiedad pública por parte de algunos grupos de élite económica. Sobre eso quisiera yo escuchar hablar al Presidente, y a cualquiera que quiera sentarse en el sillón presidencial el 2016.


Escrito por

Carmen Ilizarbe

Me gusta pensar en las intersecciones que hay entre política y cultura, y sus muchas ramificaciones.


Publicado en

Por las ramas

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