En estos días se viene dando un debate público importante alrededor de la presentación de proyectos de ley por el Ejecutivo para la reactivación de la economía, en un contexto de menor crecimiento del PBI a consecuencia de la caída en la demanda externa de metales y minerales que, ahora sí, afecta los niveles de ingreso en el Perú a través de la industria extractiva. La caída en la demanda externa es importante pero no es novedad, y además está vinculada a la crisis internacional que desestabiliza financiera, social y políticamente a los Estados capitalistas más poderosos del mundo desde el 2009 generando una desaceleración en la demanda de metales y minerales. Es decir que estamos enfrentando problemas que se venían venir y sobre los que el gobierno, con el Ministerio de Economía a la cabeza, ha preferido no hablar ni enfrentar con responsabilidad. La propuesta que ahora tenemos sobre la mesa evade nuevamente el tema global de fondo y no plantea soluciones alternativas a nuestra dependencia de la industria extractiva.

Diversos especialistas han señalado que los proyectos presentados por el Ejecutivo recortan atribuciones del Ministerio de Ambiente en lo que respecta a la prevención, supervisión y sanción de daños al medio ambiente como resultado de actividades de industria extractiva. Menos voces han alertado sobre el hecho de que los proyectos de ley también aseguran beneficios tributarios a grandes compañías mineras apuntando a incrementar sus inversiones en el país, los cuales no podrán ser revisados en 15 años y durante los próximos dos gobiernos.

No quiero entrar a discutir la orientación de los proyectos de ley puesto que hay, felizmente, diversas voces informadas participando en ese debate. Más bien considero que hay una dimensión propiamente política en esta acción gubernamental que ha sido poco analizada pero es importante porque tiene que ver con el ejercicio del poder y la democracia. Quiero analizar la acción del gobierno de presentar los proyectos de ley de reactivación económica desde tres aspectos: la invisibilización de la dimensión ideológica, la centralización del poder, y el endurecimiento en la forma de gobierno.

1. La invisibilización de la dimensión ideológica

Asistimos a un nuevo episodio de la pugna ideológica que vemos desarrollarse en este gobierno, prácticamente desde el inicio. Escribí hace un tiempo precisamente sobre esto, a propósito de las embestidas del Ministerio de Energía y Minas al Viceministerio de Interculturalidad por la Ley de Consulta Previa , y al propio Ministerio de Ambiente por la política ambiental que hoy tratan de desmontar.

La pugna se produce dentro del Poder Ejecutivo, entre un sector neoliberal cuyo exponente más poderoso es el Ministerio de Economía, y un sector social-progresista muy moderado representado en este caso por el Ministerio de Ambiente. El discurso ideológico neoliberal afirma una y otra vez, de forma siempre a-histórica e inverificable que: 1) el bienestar general depende del crecimiento económico, 2) que el crecimiento económico solo se logra dejando al mercado encontrar su equilibrio “natural”, 3) que la acción política principal del estado debe ser la de no intervenir para dejar al mercado “en libertad”. Este discurso no toma en cuenta las dinámicas reales de los distintos “mercados” (no existe “el mercado” ni todo puede ser definido en términos de relaciones mercantiles, aunque a los economistas neoliberales les guste simplificarlo así) y evade por completo los impactos sociales y ambientales de dicha política. Un buen ejemplo de este discurso ideológico aparece, por ejemplo, en artículos de opinión como el del ex ministro de economía Luis Castilla en El Comercio, quien luego de comparar la economía con la física (una pretensión cientificista sin asidero) afirma que “el mayor daño que ocurre en nuestra Amazonía es la deforestación hormiga, causada por la falta de empleo de los nativos o migrantes” negando el fuerte y documentado impacto en la desforestación y contaminación producida por la industria extractiva durante años en la Amazonia y los Andes. Además, el ex ministro señala con el dedo a los “nativos o migrantes” ignorando la violación sistemática de los derechos de pueblos indígenas denunciada con claridad por el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, la altísima conflictividad social producto de la arremetida indiscriminada de agentes económicos globales con el apoyo del Estado peruano en sus territorios, y los impactos sociales negativos de la industria extractiva. El discurso neoliberal silencia y niega la conflictiva realidad que su práctica política alimenta.

2. La centralización del poder

El gobierno evade la deliberación y un sector del Ejecutivo decide unilateralmente sobre asuntos de interés público que, como vemos, tienen un claro sustrato ideológico. En medio del mundial de fútbol y sin aviso previo el Ejecutivo presenta un conjunto grande de decretos pidiendo que se aprueben con carácter de urgencia en el Congreso, a pesar de que en la exposición de motivos no se identifica ninguna situación de emergencia sino más bien que “la economía mundial se encuentra en una fase de transición gradual hacia un nuevo equilibrio caracterizado por menores precios de materias primas…”. Asimismo, se habla de riesgos de desaceleración transitoria de la economía peruana como de una reducción de su crecimiento potencial en los próximos años. Y finalmente se establece que el problema de fondo sería que “el crecimiento de la economía peruana en el período 2014-2019 podría ser dos puntos porcentuales menor al crecimiento registrado de auge de materias primas 2003-2011”. ¿Se justifica el paquetazo con carácter de urgencia, sin deliberación y reflexión adecuada, frente a una situación de transición gradual de la economía mundial que puede afectar transitoriamente nuestro crecimiento potencial en dos puntos? Más bien, no vemos que haya propuestas de fondo para diversificar un sistema económico-productivo que sigue apostándolo todo a la industria extractiva aun si la economía internacional ya señala con claridad que ese mercado va a la baja.

Se utiliza entonces un argumento falaz, como es el de la urgencia, pero además advertimos que en ese conjunto grande de decretos que supuestamente buscan reactivar la economía se incluyen decretos que despojan al Ministerio de Ambiente de sus atribuciones como ente regulador, supervisor y fiscalizador de la política ambiental. Esto ha sido señalado claramente por diversas organizaciones de la sociedad civil y por la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, se concentran las decisiones respecto al ordenamiento territorial y a la designación de áreas protegidas en la Presidencia del Consejo de Ministros, con lo cual se recortan inconsultamente funciones del Ministerio de Ambiente y de los Gobiernos Regionales. Aquí vemos un ejercicio claro de concentración del poder que se ha introducido prácticamente de contrabando en un paquete de decretos que supuestamente buscan reactivar la economía. Carlos Loret de Mola lo ha señalado con claridad en esta entrevista.

No se trata entonces solamente de medidas que afectan la economía sino los procesos de decisión política del propio Estado, tanto a nivel central como descentralizado. El Congreso debe pedir explicaciones al Ejecutivo sobre estas medidas. En un sistema político presidencialista, clientelar y centralizador como el peruano la práctica de gobernar por decreto es peligrosa y anti-democrática. Lamentablemente, es casi una tradición en el Perú tener un Ejecutivo que abusa de sus poderes y un Congreso que abdica de sus funciones deliberativas y fiscalizadoras. Fomentar estas prácticas solo contribuye a debilitar aun más nuestra alicaída institucionalidad democrática.

3. El endurecimiento en el estilo de gobierno

Junto con la presentación de los proyectos de ley se produce en cambio de Ministro del Interior. El nuevo ministro es un militar en retiro que se ha desempeñado ya como Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería y sobre el que hay graves acusaciones de violaciones de los Derechos Humanos precisamente en el ejercicio de su función. El pronunciamiento de la Coordinadora de Derechos Humanos al respecto es sumamente preocupante porque dados los altísimos niveles de conflictividad social alrededor de temas ambientales en el país podemos prever que el paquetazo que golpea la política ambiental va a incrementar dichos niveles de conflictividad. 

En un contexto en el que la Ley de Consulta Previa no se viene aplicando bajo el argumento ideológico de que constituye una traba para la inversión, es necesario considerar que se va a afectar no solo el ambiente sino también los derechos de los pueblos indígenas y comunidades cuyos territorios podrían ser dados en concesión a empresas que ahora no serán sancionadas si contaminan y dañan irreversiblemente sociedades, territorios y el medio ambiente.

Hoy se debaten en el Congreso estas medidas y se ha convocado también a una protesta popular en la Plaza San Martín. Esperemos que los congresistas y los muchos llamados de atención de personas y organizaciones de la sociedad civil abran un espacio para la discusión pública de todos los aspectos importantes de estas propuestas legislativas, incluyendo las que tienen que ver con la dimensión política aquí planteada.