Esta semana se promulgó oficialmente la Ley 30288 que crea un régimen laboral especial para jóvenes entre 18 y 24 años. Es una medida que recorta derechos ciudadanos irrenunciables, históricamente adquiridos y reconocidos internacionalmente, así como por nuestra Constitución. La Comisión Andina de Juristas se ha pronunciado en contra de la Ley señalando que atenta contra la normativa internacional y contra la propia Constitución del Estado peruano al violar el principio de igualdad universal que la ciudadanía concede, así como el derecho a la igualdad de oportunidades sin discriminación.

La Ley ha sido analizada en términos de su impacto en el mercado laboral por Luis Davelois quien ha identificado varias falacias respecto a la supuesta eficiencia de la norma para la generación de empleo formal, la disminución del empleo informal y el acortamiento de la desigualdad en el país. A mí me interesa analizar aquí las consecuencias políticas de la Ley y los argumentos con los cuales se la defiende. 

Empiezo por señalar al menos tres características de esta Ley que implican discriminación y recorte de derechos a un grupo particular de la ciudadanía, en beneficio de las empresas:

1)  La Ley es aplicable a jóvenes con educación secundaria completa o incompleta, superior técnica y universitaria que vayan a ingresar recién a una planilla electrónica, o no hayan estado en una planilla electrónica como trabajadores por al menos 90 días (art. 2). Esta Ley aplica entonces a cualquier joven que haya estado desempleado, subempleado, o empleado en condiciones de formalidad siempre y cuando haya estado en planilla menos de 90 días.

2)  La Ley deja de garantizar a jóvenes entre 18 y 24 años el reconocimiento de los siguientes derechos contemplados en el régimen laboral general: Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones de 30 días (ahora solo 15 días), gratificaciones en los meses de julio y diciembre, y asignación familiar. Los jóvenes tendrán entonces la mitad de vacaciones que los trabajadores con plenos derechos, si pierden su empleo no tendrán un fondo que les ayude a cubrir sus gastos mientras encuentran otro empleo, no tendrán aguinaldo en Fiestas Patrias ni en navidad, y si tienen hijas o hijos estos no podrán recibir los beneficios que la Ley contempla a los trabajadores. Asimismo, su sueldo será el salario mínimo por un máximo de 48 horas semanales (art. 11).

3)  Son beneficiarias las grandes, medianas y pequeñas empresas ya que la Ley habla simplemente de “empresas” (art. 3) que tienen además incentivos tributarios para acogerse a ella (arts. 20 y 21). Más bien no tienen ningún incentivo para contratar jóvenes bajo el régimen laboral general que reconoce derechos plenos porque ahora tiene una “norma mínima” (art. 5) que ha legalizado el recorte de derechos a los jóvenes. ¿Si las empresas pueden ahora legalmente dejar de pagar beneficios sociales que antes eran exigibles por Ley –aunque el Estado nunca lo hiciera- por qué reconocerían plenos derechos? Sería una acción irracional en el marco de la lógica empresarial de maximizar ganancias y reducir “costos”. No lo harán además porque la ganancia de las empresas se obtiene en este caso directamente del bolsillo de las y los trabajadores jóvenes. ¿Hay algún ejemplo más claro de la legitimación de la apropiación de la plusvalía? 

Aunque el Presidente, su gobierno y quienes apoyan la promulgación de la Ley digan que no, es claro que ésta recorta derechos que estaban garantizados en el régimen laboral general y que ahora ya no podrán ser exigibles. No es la primera acción de este tipo, esta es solo la más reciente forma de recorte de derechos laborales aprobada por un Estado que avanza en distintos ámbitos en algo que podríamos llamar "des-ciudadanización". Ana María Vidal ha llamado la atención sobre el ominoso régimen especialmente discriminatorio que sufren las trabajadoras del hogar. En el gobierno anterior Alan García creó el régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) que legalizó la precarización del empleo en casi todo el Estado. 

Este proceso tiene su origen en el régimen autoritario y neoliberal del Fujimorismo y pareciera que no se detendrá hasta acabar con el concepto de derechos como tales. Si creen que es una exageración lo que digo, tomen en cuenta la opinión de Pedro Pablo Kuczynski que planteó que la norma debería ampliarse para incluir a personas de hasta 30 años de edad, o la de los representantes de la Asociación de Exportadores (ADEX) que hace unos meses propuso recortar al mínimo derechos laborales de los trabajadores informales para incrementar las ganancias de las empresas y crear un régimen “especial” para formalizar la informalidad que caracteriza a las empresas peruanas.

Des-ciudadanización entonces porque se abandona la idea de la universalidad de los derechos que es consustancial al concepto de ciudadanía, se abandona la idea de la igualdad de condiciones para todas y todos sin discriminación, y se abandona la idea de bien común para sustituirla por la idea de que hay grupos de la sociedad (las empresas) cuyo bienestar importa más que el de la ciudadanía. Quiero mencionar que encontramos también en el ámbito del diseño y la implementación de las políticas públicas un proceso similar que conviene examinar más en detalle -cosa que no puede hacerse aquí- vinculado a la llamada focalización de los programas sociales. Los derechos no pueden “focalizarse” pues por definición implican la universalidad del acceso y el deber del Estado de garantizarlos y defenderlos, no para algunos primero y para otros ojalá algún día, sino para todos y todas. En distintos ámbitos observamos entonces que el Estado peruano retrocede en su labor de ser garante del ejercicio de derechos ciudadanos para asumir más bien la tarea de recortarlos y legitimar ese recorte, presentándose más bien como un promotor de beneficios y dádivas mínimas.

Ahora quiero analizar las falacias, es decir los argumentos que parecen válidos pero no lo son, con las que se defiende la des-ciudadanización en el caso particular de la Ley 30288.

Para esto, vale la pena recordar los argumentos de defensa de un régimen especial que en setiembre propusiera ADEX. Estas son las palabras de su presidente, Gastón Pacheco, citado en Semana Económica:

“Gastón Pacheco, presidente de ADEX, justificó la necesidad de esta reforma en el hecho de que tres de cada cuatro trabajadores en el Perú son informales, mientras que ‘casi el 90%’ de las empresas actúa en la informalidad. Las normas propuestas –explicó ADEX– permitirían otorgarle a los trabajadores informales beneficios laborales a un costo más accesible para las empresas. En ese sentido, el gremio exportador espera que estas propuestas saquen de la informalidad a 11 millones de personas. ‘Nosotros somos totalmente conscientes de que tenemos que eliminar todos esos sobrecostos que no nos hacen competitivos en el exterior. Estas medidas, bien desarrolladas con el Ejecutivo, apuntarán a la reducción de sobrecostos y a atraer más inversiones’, destacó un portavoz de ADEX, en una conferencia de prensa celebrada en su sede.”

La falacia radica en asumir que los derechos son “sobrecostos” o gastos excesivos. En este discurso no existe propiamente el concepto de derechos que más bien son vistos como obstáculos para la competitividad en el exterior, solo existe el concepto de gasto o costo y la meta de ser competitivos fuera del país como si esto no dependiera también de diversificar la producción, desarrollar la creatividad estratégicamente o cumplir con las normas y estándares internacionales. Se reconoce por otro lado que las empresas actúan en la informalidad (¡90%!) y que por lo tanto son parte del problema de su reproducción. Nuestras empresas son informales, y no solo no toman medidas para formalizarse y cumplir con los mandatos legales sino que quieren que la Ley les asegure “un costo más accesible”. Los mismos empresarios que exigen que el Estado se repliegue en el terreno de la economía del libre mercado son los que piden que el Estado legisle para asegurarles ganacias, aun si es a costa de la reducción de beneficios sociales a los que los jóvenes, como ciudadanos y ciudadanas que son, tienen derecho. 

Veamos ahora el discurso oficial, en palabras del propio Presidente de la República:

“Estamos creando un mecanismo voluntario, un mecanismo flexible para las empresas y para que los jóvenes, si desean, se puedan acoger a eso. Porque prefiero un joven que haga sus prácticas así a un joven que no consigue trabajo porque nadie le quiere pagar una serie de cosas que la norma lo establece. Entonces no es que estemos variando la norma, estamos creando un mecanismo voluntario para los jóvenes que quieran, de tal manera de formalizarlo y no permitir que por su falta de experiencia y la necesidad de trabajar los empresarios, o algunos no todos, los sobre-exploten”.

La falacia consiste aquí en adoptar una posición cínica respecto a los altos niveles de subempleo, empleo informal y desempleo de jóvenes al asumir que esta es una "realidad" que no puede ser alterada con políticas de Estado que mejoren la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos a los que el Estado representa. Así, el Estado abandona la representación de la ciudadanía para poner por delante un inexistente "derecho al lucro" de las empresas y diseñar y legalizar una medida que recorta derechos (“los flexibiliza”) en beneficio de empresas y empresarios. 

Como ha planteado inteligentemente Carlín en la viñeta que ilustra este artículo, la respuesta del gobierno al complejo problema laboral que enfrentan las y los jóvenes es algo así como: ¿combatir la informalidad? No, mejor recortar derechos y hacer legal y legítima la informalidad. Es una falacia también decir que se mejorarán las condiciones de vida y acceso al trabajo de jóvenes desempleados o subempleados. Hay que decir además, que el mecanismo probablemente profundizará las brechas de desigualdad que afectan con tanta fuerza a los más jóvenes en nuestro país, como ha argumentado convincentemente Luis Davelois (ver artículo linkeado más arriba). Aquí no hay inclusión sino mayor exclusión, aquí no hay más oportunidades y trabajo de calidad para quienes más lo necesitan sino peores condiciones laborales y beneficios arbitrarios para las empresas y los empresarios. El propio Presidente lo reconoce al decir que solo se busca limitar la “sobre-explotación”. Pero no señor Presidente, la explotación no es aceptable y es un derecho ciudadano cuestionarla.

Felizmente, las y los jóvenes del Perú, entre los que se encuentran prominentemente estudiantes universitarios, han reaccionado visiblemente haciendo uso de su derecho al disenso, a la protesta y al reclamo de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas que son. Miles de jóvenes salieron ayer a las calles de Lima a protestar por la promulgación de la Ley, enfrentándose a una policía abusiva y a un gobierno que ni siquiera quiere escucharlos.

También hubo protestas en Trujillo, en Piura, en Huancayo, en Cusco y en Puno. Y se vienen en Arequipa y otros lugares. La protesta es nacional y va creciendo, reclamando la derogatoria de una Ley que ahonda el proceso de des-ciudadanización que el neoliberalismo inició en el Perú hace más de 20 años.