Al parecer, la obra de teatro La Cautiva no será denunciada por apología del terrorismo, como indicó en algún momento el ministro del interior Daniel Urresti. La presión social de grupos organizados en Lima ha sido fuerte, el debate público en medios de comunicación mainstream y en redes ha sido importante, e incluso ha generado cierta división en el gobierno pues varios ministros de Estado han discrepado públicamente al respecto con Urresti. Como consecuencia, el ministro se ha quedado solo en la absurda empresa de impedir la reflexión histórica y política desde la ficción y el arte, y ha tenido que retroceder indicando que no hay investigación ni denuncia en curso.  

Es un retroceso que le sale caro pues en la misma semana ha tenido que disculparse por unos tweets deslenguados que dan cuenta de su afán por ser protagonista en la escena política mediática. Su personaje de achorado hasta la matonería, del que cree que se desprende sin más la imagen de eficiencia y rapidez en una de las áreas más difíciles del gobierno, ha sufrido un par de golpes importantes.

Sin embargo, el tema de la censura permanece. Y también permanece el tema del negacionismo. Me explico: La Cautiva no es la primera obra que intenta ser censurada, y probablemente no será la última. A la vez, el intento de censura es revelador de la forma en que encaramos el proceso de construcción de la memoria histórica sobre el conflicto armado interno (CAI). Quiero decir que lamentablemente no faltan ejemplos de obras artísticas censuradas en Lima, y es bueno preguntarse cómo es en este tema, la situación en las regiones. Para muestra algunos botones limeños.

En el 2007 el INC censuró la obra del artista Piero Quijano por presiones del Comandante General del Ejército, a quien no le gustó la crítica que encontró en una de las ilustraciones. Aquí, una forma de negacionismo legitimado se impuso al derecho a la libertad de expresión. De yapa, también censuraron una obra que criticaba al entonces presidente Alan García y otra que criticaba al naciente proyecto estatal de la Marca Perú.

En el 2012, parte de la muestra “20 años de la historia en el Perú” curada por Karen Bernedo en Villa el Salvador con apoyo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) fue censurada por la propia CMAN luego de la intervención de la congresista fujimorista Martha Moyano, a quien disgustaron obras críticas con el gobierno del hoy preso ex - presidente. La opinión de la congresista, que expresa una forma de negacionismo legitimado en el Perú que consiste en no reconocer las violaciones a la democracia y los DDHH del fujimorismo, prevaleció ante el derecho a la libre expresión de las y los artistas de esta muestra.

El colmo de los colmos fue la auto-censura en que incurrió en el 2012 la Sala Luis Miro-Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores en una muestra… sobre la censura en el arte! Luis Lama, Director de la Sala y David Flores-Hora, curador de la misma, intervinieron una pieza de Cristina Planas por considerar que podía herir susceptibilidades.

Las acusaciones de apología del terrorismo a artistas nos deberían hacer recordar otros tiempos, los tiempos de la dictadura de Fujimori y Montesinos en los que muchas personas fueron injustamente sentenciadas por jueces sin rostro, sin evidencias ni argumentos, a pagar condenas por crímenes que no cometieron. Uno de ellos es el artista Alfredo Márquez, quien fue encarcelado de esta forma durante cuatro años y finalmente liberado gracias a la intervención de la Comisión de Indultos dirigida por el sacerdote Hubert Lanssiers. La entrevista que le hace Miguel López a Alfredo Márquez en el 2009 aborda bien ese tema en las páginas 16 - 18 y puede ser leída completa aquí. ¿Qué tanto nos hemos distanciado de estas prácticas anti-democráticas?

El segundo punto que planteaba más arriba es el del negacionsimo. Me he referido rápidamente al negacionismo de las Fuerzas Armadas (FFAA) expresado en la censura a obras de Piero Quijano, y al del fujimorismo expresado en la censura a la muestra curada por Karen Bernedo, ya en tiempos de gobiernos democráticamente elegidos y del fin del CAI. También es importante mencionar el negacionismo del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), que no quiere reconocer los atroces crímenes perpetrados por Sendero Luminoso y reclama una amnistía general -y con ello impunidad- para los iniciadores de la guerra. El MOVADEF quiere participar además en las elecciones, pero no quiere reconocer que Sendero Luminoso inició una guerra contra el Estado y también contra la democracia recién reconquistada en las calles a fines de la década del 70. Son incapaces de criticar el proyecto violentista y criminal de Sendero Luminoso hasta hoy y su negacionismo es evidente.

En el caso de La Cautiva, el discurso del ministro del interior y los defensores de la censura es negacionista respecto de los crímenes cometidos por las FFAA durante el CAI. En los alegatos públicos para cuestionar la obra se ha dicho que en ella se las acusa de atrocidades que no cometieron. Sin embargo, éstas han sido documentadas por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con lo que resulta que la obra teatral no se aleja tanto del horror de una realidad que en esos años rebasaba cualquier ficción. Han pasado más de 10 años desde la presentación del Informe Final y más de 20 desde la captura de Abimael Guzmán y aun nos negamos a reconocer que también el Estado, y los gobiernos democráticamente elegidos y sus FFAA, cometieron crímenes atroces por los que prácticamente no han respondido.

Y uno de los que no ha respondido aun por una acusación gravísima de participación en el asesinato de un periodista durante el CAI es precisamente el ministro del interior (con minúsculas) Daniel Urresti. Es simplemente escandaloso que una persona procesada por violaciones a los derechos humanos asuma un cargo de representación política al más alto nivel. El ministro jamás debió serlo, y por eso y por sus anti-democráticas acciones de gobierno, debemos exigir su renuncia. Esta es, me parece, una buena forma de responder al fondo de un asunto que no debiera terminar con las ridículas declaraciones del ministro al retroceder en la investigación-denuncia.

Finalmente, me hago eco de una propuesta que he escuchado a varias personas, y que me parece que sería la más potente respuesta, además de las varias acciones de protesta que vienen desarrollándose: la reposición de la obra en el lugar más accesible y público posible (¿Lugar de la Memoria con transmisión vía Televisión Nacional?) y apertura de espacios de debate y reflexión pública sobre su contenido. Hasta ahora, hemos defendido el derecho de expresión cuestionado en la amenaza de censura de La Cautiva. ¿Por qué no examinar colectivamente y dialógicamente el contenido de la obra, a la luz de este atentado contra la libertad de expresión? ¿Por qué no difundir más y comentar otras obras que abordan el CAI desde una perspectiva crítica y reflexiva? En estos días muchos hemos dicho en defensa de la obra que el arte puede favorecer procesos de reflexión y debate público que contribuyen a construir una memoria histórica responsable, particularmente con las miles de víctimas del conflicto armado interno, y especialmente aquéllas que no han encontrado justicia sino más bien indiferencia y maltrato. Quizás es esta una buena oportunidad para abrir un espacio de discusión sobre las formas en que vamos –queriendo y sin querer, potenciando ciertas voces e historias y acallando otras- construyendo la narrativa del CAI que se inscribirá en nuestra memoria histórica.